Los servicios públicos de los estados miembros de la UE corren un serio peligro y no precisamente como consecuencia de la crisis económica. La crisis no es la causa, es la excusa para hacer con dichos servicios lo que en época de bonanza pocos gobiernos se habrían atrevido a plantear. El Estado español es un alumno aventajado de estas políticas.
Efectivamente, nuestro gobierno es de los más tozudos a la hora de aplicarnos un cruel “austericidio” a base de dosis masivas de rigor salarial, flexibilidad laboral, disminución de la inversión pública y recortes de toda clase. El resultado es una economía cada vez más paralizada (recesión), más ineficiente (desempleo) y con mayores diferencias entre ricos y pobres (desigualdad). Cada día que pasa es más difícil que cuele aquello de “haber vivido por encima de nuestras posibilidades” con la consiguiente penitencia de la austeridad, y cada vez son más los que no creen que vayamos a salir del hoyo empecinándonos en seguir cavando hacia abajo. Incluso un número creciente de economistas, y no precisamente sospechosos de ser críticos con el sistema, se atreven a decir que estas medidas (procíclicas) no sólo no nos van a sacar de la crisis, sino que nos van a hundir más en ella.
Cabe preguntarse por qué el gobierno del PP se obstina en aplicar, con más rigor aún, el mismo tratamiento que ya nos venía recetando sin éxito el último gobierno del PSOE. La respuesta es triple: por ceguera ideológica, por cobardía política frente a la UE y los bancos alemanes y, en tercer lugar, por la inmejorable oportunidad de hacer negocio con los servicios públicos y cambiar con ello el modelo de sociedad.
El Estado del Bienestar que Europa alcanzó en los años sesenta y al que nuestro país empezaba a llegar después de décadas de dictadura y atraso, se ha cuestionado con la penetración del neoliberalismo. La superstición neoliberal de que la sociedad va a funcionar mejor desregulando la economía, eliminando la mayor parte de las administraciones y privatizando los servicios públicos, es más fácil de llevar ahora a la práctica con el argumento de enjugar el déficit del Estado, pretendida causa de la crisis económica. Lo que ocurre es justo lo contrario: el déficit no es una causa, es una consecuencia de la crisis y ésta, a su vez, es una coartada para dejar en manos privadas unos negocios fabulosos. Pocos gobiernos resisten la tentación de trasladar a estas manos suculentos trozos del pastel público. Sanidad, educación y demás servicios dejan de serlo desde el momento que tienen como único objetivo hacer ganar dinero a sus dueños.
La fragilidad de los gobiernos para resistir la tentación - y la carne del nuestro es particularmente débil ante el pecado - se entiende mejor si vamos más allá del prejuicio ideológico neoliberal. Basta con observar en manos de quiénes terminan los servicios privatizados (externalizados). Con frecuencia vemos como el político que privatiza, cuando deja el cargo oficial, ficha por la empresa que se quedó con el sector que el mismo privatizó y al revés: un ejecutivo deja su empresa para ocupar un cargo público desde el que privatizará lo que a su empresa le interesa, luego volverá a ella… (“revolving door”). Estamos pues ante una de las versiones más cínicas de la economía de libre mercado: el “capitalismo de amiguetes”. Y habiendo dejado claro que recortes y privatizaciones no nos sacarán de la crisis y que son decisiones políticas que enriquecen a unos a costa de la pérdida de derechos de todos, sólo podemos concluir que hay que rebelarse. Las manifestaciones convocadas por toda clase de colectivos y organizaciones para el sábado 23 de febrero son una magnífica iniciativa que nuestro sindicato apoya decididamente. Os animamos a participar en este movimiento para exigir al gobierno que respete los servicios públicos, como democráticamente desea la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sólo desde la presión en la calle se puede conseguir torcer la voluntad de una Administración que no gobierna pensando en el conjunto de la sociedad, sino en los intereses particulares de sus amigos. Los servicios públicos son una garantía de justicia, cohesión e igualdad social. Es hora de que todos los que trabajamos en ellos y sus usuarios, nos unamos para defenderlos y decir BASTA.
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