Los cerca de 220 centros que forman el tejido educativo público de la
Formación Profesional (FP) en la Comunidad Valenciana están barajando la
posibilidad de pedir una cuota extraordinaria a sus alumnos para poder
seguir funcionando en 2012. Aunque son conscientes de que requerir dinero por una enseñanza pública es
ilegal, los impagos de Educación han conducido al sector a
una situación límite
.
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